La nueva Ley de Educación avanza en su tramitación parlamentaria

El Congreso rechaza los cambios en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE sugeridos por Ciudadanos, Vox y PP

El Congreso rechazó este miércoles la propuesta presentada por Ciudadanos, Vox y PP del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). Durante el debate parlamentario, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido un Proyecto de Ley “oportuno y necesario”, que “aborda los principales retos del sistema educativo”. Este proyecto anula la LOMCE, aprobada en 2013, y sus consecuencias negativas, ha recordado Celaá.

El primer objetivo de esta nueva ley es el de “aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a mejorar su nivel por medio de la aprobación de un currículum moderno, flexible y ágil”.  Por otro lado, se intentará detener las dificultades que se vayan encontrando los estudiantes debido a que va a haber una mayor personalización del aprendizaje y se va a reforzar la autonomía de los centros educativos.

La ley tiene también como objetivo “reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación”, explica Celaá. Además, propone prestar un interés particular a la escuela rural y a la insular. El tercer objetivo es el de fortalecer la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas. Para ello, se plantea responder a una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizada.

“Rechazar este Proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04 % del PIB en 2009 al 4,2 % en 2018”, en particular la financiación pública, ha apuntado Isabel Celaá. El texto presentado se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación. “Los talentos se potencian con inversión, no con recortes”, ha destacado la ministra.

En este sentido, el Gobierno ha explicado que va a  incrementar el fondo de becas y ayudas al estudio un 22 % y ha aprobado destinar a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del fondo Covid-19 para las Comunidades Autónomas. Otros 260 millones se destinarán a la digitalización de la educación. A esta inversión, se sumará un Programa de Cooperación Territorial para el refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la Formación Profesional. “Este Gobierno cree en la educación, apuesta firmemente por ella”, ha señalado Celaá.

La ministra ha recordado en el Congreso que el Proyecto de Ley se presentó  por primera vez en el Congreso hace año y medio, un periodo que ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa. En todo este tiempo se han generado también nuevas propuestas que pueden servir para mejorar el texto. Junto a ello, se reforzarán los procesos de acreditación de competencias profesionales y personales. Celaá ha comunicado que se desarrollará una FP inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada, que permita a los jóvenes acceder al mercado laboral en las mejores condiciones.

“Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas”, ha concluido.

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