El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, acudió a Bruselas para defender la posición de su región sobre la formación profesional dual y la inclusión educativa, al participar en el Consejo de ministros de Educación y Juventud de la Unión Europea.
A su entrada en la reunión, Pastor defendió que «los sistemas educativos de los Estados miembros, comunidades autónomas de España y, en especial, de Castilla-La Mancha» deben «fortalecer ese avance en competencias que garanticen igualdad de oportunidades y que sobre todo eliminen las barreras para que hablemos de una inclusión real».
El consejero, que participa en representación de las comunidades autónomas españolas, trasladó al foro europeo el modelo de FP al 100 % dual -dividido entre el centro educativo y la empresa- que aplica Castilla-La Mancha, con una inversión de 230 millones de euros. «Casi mil ciclos formativos, tanto de grado básico, de grado medio y de grado superior, son los que afianzan esta posición que decimos que hoy defenderemos ante la Comisión Europea,» apostilló Pastor.
La Junta presentó el anteproyecto de su Ley de FP, con el que aspira a ser la primera comunidad autónoma en desarrollar una norma propia en este ámbito tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, que unifica a nivel nacional la FP inicial y la laboral en un sistema único. El nuevo texto pone el foco en los entornos rurales y refuerza el componente dual, según la Junta.
El futuro del programa Erasmus+ 2028-2034
En la jornada del lunes, los ministros europeos tienen previsto alcanzar un acuerdo sobre la posición negociadora del Consejo para el futuro programa Erasmus+ 2028-2034, con un presupuesto propuesto de 40.800 millones de euros, y aprobar conclusiones sobre el papel de los docentes en la era de la inteligencia artificial.
Pastor asistirá también al Consejo de Cultura del martes, donde la delegación autonómica abordará la cultura como «vertebradora del territorio» rural y el impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual, punto que España promueve junto a otros seis países en el orden del día.
