La concertada católica aclara que las aportaciones de los padres son voluntarias pero, ahora, muy necesarias

La acción social y educativa debe seguir llegando a las familias con menos recursos durante la crisis del coronavirus

En relación con la polémica que está surgiendo estos días sobre las aportaciones voluntarias de los padres y sobre el pago de otras cuotas en colegios concertados, ante la suspensión de las clases presenciales por la enfermedad Covid-19 y el estado de alarma, Escuelas Católicas ha publicado un comunicado aclarando lo siguiente:

1. Estas aportaciones son siempre voluntarias, contribuyen al sostenimiento de las fundaciones e instituciones, en nuestro caso mayoritariamente entidades sin ánimo de lucro, que promueven un proyecto educativo y social concreto elegido libremente por las familias.

2. Las aportaciones voluntarias se atienen a la legalidad vigente. Se acogen a la Ley 49/2002 de Mecenazgo y la Agencia Tributaria ha admitido con carácter general desde hace 20 años que pueden ser objeto de desgravación fiscal por parte de los donantes, al no suponer la contraprestación por un servicio concreto.

3. Precisamente en un momento tan difícil, nuestros centros están realizando una innegable acción educativa y social con todas las familias, especialmente con aquellas que disponen de menos recursos para afrontar esta nueva realidad. No podemos olvidar que la diversidad familiar sociolaboral es una realidad en nuestra escuela al igual que en el conjunto de la sociedad española, como confirman los datos extraídos del Estudio sobre las demandas educativas de los padres en España realizado por la Universidad de Comillas en 2016.

4. En el actual contexto social, las escuelas católicas concertadas se ven tan afectadas como todo el país por la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, y al igual que cualquier entidad sin ánimo de lucro, siguen necesitando las aportaciones voluntarias de las familias que han elegido apoyar su proyecto socioeducativo. Recordamos una vez más que el Estado no cubre la totalidad de los gastos reales de la enseñanza concertada, como admiten todos los estudios oficiales.

5. Comprendemos las dificultades por las que están pasando muchas familias, por lo que hemos recomendado a nuestros centros que traten de consensuar con los padres (a través del AMPA, o mediante una comunicación a todas las familias…) el modo de proceder; recordando a todos que las aportaciones siguen siendo voluntarias y que cada familia debe considerar si quiere y puede seguir haciéndolas.

6. Mención aparte merecen otras cuestiones. Las actividades o servicios cuya prestación se ha suspendido, como aulas matinales, comedor, transporte o extraescolares, que se costean mediante cuotas reguladas, obviamente no se deben cobrar. El servicio educativo en los niveles no concertados que no se está prestando ni es posible realizarlo telemáticamente, tampoco se cobra; es el caso de la etapa 0-3. En el caso del Bachillerato, especialmente preocupante en 2º por las pruebas de la EBAU, las clases se están impartiendo mediante teledocencia con un gran esfuerzo e implicación del profesorado, de los centros y de los propios alumnos, por lo que el servicio se está manteniendo y, al no ser concertado, se está pasando al cobro. Y lo mismo ocurriría con aquellos otros servicios que se siguen prestando telemáticamente, como logopedia, orientación, etc.

7. Escuelas Católicas lamenta que constantemente se ponga en tela de juicio a la enseñanza concertada, bien por no reconocer la fundamentación constitucional y jurídica de su existencia, bien por condenarla falsamente por contravenir determinados aspectos de la ley, o bien por atribuir a todo un sector prácticas individuales aisladas. Si algún colegio está realizando una mala práctica, se debe controlar, pero no es justo sembrar la sospecha sobre todo el colectivo.

8. Así ha vuelto a suceder estos días, cuando se ha sacado a colación un informe de 2019 de la FAPA Giner de los Ríos y de CICAE, que apunta erróneamente que “en el 90% de los casos, los colegios concertados exigen cuotas obligatorias a los padres”. En realidad, este informe se circunscribe a 50 centros cuidadosamente seleccionados del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (frente a un total de 489 centros concertados existentes en dicha Comunidad sin contar con los miles de centros de todo el territorio nacional) y, en ningún caso, afecta a centros pertenecientes a Escuelas Católicas, mayoritaria en la enseñanza concertada. De nuevo algunos sectores han tratado de generalizar una situación irregular que es absolutamente excepcional. De hecho, así lo reconoce la propia CICAE expresamente, que ha señalado que su estudio excluye a las escuelas católicas, ya que estas “no tienen ánimo de lucro”.

9. En cualquier caso, esperamos que esta polémica interesada no nos desvíe de lo verdaderamente importante: la vida de cada ser humano que sufre y que incluso se pierde en esta pandemia y la de tantos profesionales que ponen la suya en peligro por salvar otras.

10. Queremos agradecer la confianza depositada en nuestros centros por parte de la inmensa mayoría de las familias. En este tiempo de dudas e incertidumbres, la solidaridad se hace más necesaria que nunca, por lo que valoramos especialmente la aportación voluntaria de aquellos que la pueden mantener y deseamos que las difíciles circunstancias por las que muchas familias están pasando terminen cuanto antes.

11. Por último, queremos rendir nuestro más sincero homenaje a toda la comunidad educativa, que se ha tenido que reinventar en tiempo récord y hacer un gran esfuerzo para que nuestros alumnos sigan profundizando en las diferentes materias. Son muchos los profesionales y servicios que estos días se están poniendo a disposición de todo el alumnado y de las familias. Hablamos de orientadores, psicólogos, informáticos, formadores, expertos en coaching educativo, administrativos y un largo etcétera, que están acompañando a la comunidad educativa en un momento tan difícil y con tantos retos nuevos como los que estamos viviendo.

Educacion.press

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