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Tal y como estaba previsto la Conselleria de Educación publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en la enseñanza.
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La Conselleria ha hecho caso omiso a la mayor parte de las alegaciones presentadas por padres, sindicatos y profesores.
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Como nota significativa los padres se han quedado sin voz para participar en la elección de la lengua vehicular que tendrá el centro educativo, pese a que habían pedido tener voz directa como en el caso de la jornada continua.
La conselleria no aclara qué recursos dará a los centros
El artículo 15 del decreto que la Conselleria de Educación «dotará a los centros con recursos adicionales para que todo el alumnado pueda conseguir los objetivos y niveles de referencia básica». Es la que denomina ‘acciones preferentes’ pero está redactado de forma lo suficientemente ambigua para no establecer cuáles y cuántas serán esas ayudas dejándolas para desarrollos legislativos posteriores.
La situación se torna aún más borrosa si se tiene en cuenta el apartado a) del artículo que hace referencia a «alumnado mayoritariamente no valenciano hablante de los niveles avanzado 1 y 2.
El apartado d), por su lado, primará también a los centros que imparten el programa lingüística «en los territorios de predominio lingüístico castellano y no tienen exenciones (alumnos que no se examinan de valenciano). Todos ellos son preferentes para la Conselleria pero en ningún momento Educación establece cómo primará a estos centros.
Además, deja abierta la puerta a que Conselleria establezca los cambios que considere a través de las evaluaciones.
Por otro lado, la Conselleria ha enviado a todos los centros las instrucciones y una guía para facilitarles «al máximo» los trámites para aplicar el Programa educativo plurilingüe dinámico (PEPD) en el segundo ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) para el curso 2017-2018. El objetivo de las instrucciones es facilitar y orientar a los centros educativos en la implantación del PEPD y en el proceso de elaboración del proyecto lingüístico de centro. También ha facilitado una guía para cumplimentar toda la tramitación de forma «clara, práctica».
Como nota significativa los padres se han quedado sin voz para participar en la elección de la lengua vehicular que tendrá el centro educativo, pese a que habían pedido tener voz directa como en el caso de la jornada continua
Así, la propuesta de Proyecto Lingüístico será elaborada a partir de las aportaciones del profesorado. La comisión de coordinación pedagógica elaborará la propuesta que será debatida por el claustro. Desde allí se remitirá a los consejos escolares para su aprobación. En el caso de que no se consiga un respaldo de dos tercios la decisión final la tomará la Conselleria de Educación.
La reacción de padres, sindicatos y centros a la publicación de la normativa sin casi modificaciones respecto al borrador inicial ha sido de indiferencia. «No esperábamos que cambiaran ni una coma», señaló el presidente de Covapa, Ramón López. La formación había pedido que se consultara a los padres sobre qué lengua vehicular tendrá el colegio. El también presidente de la FAPA Gabriel Miró, mayoritaria en Alicante, lamentó que se deje al margen a los padres y manifestó su temor a que se margine el castellano, especialmente en las comarcas en las que el valenciano prácticamente no se utiliza.
Por su lado, Vicenta Rodríguez, de Escuelas Católicas, explicó que en su opinión la Conselleria ha tenido una escasa sensibilidad con los habitantes de zonas castellanoparlantes como Requena-Utiel, la Vega Bajo o el Alto Vinalopó.
Rodríguez consideró que no podía ligarse el nivel de valenciano con el inglés. «De esta forma lo único que se consigue es que se produzca un agravio comparativo. El estudiantes de una zona castellano parlante, si quiere tener el nivel de inglés que un estudiante de un pueblo que habla valenciano, se lo tendrá que pagar en academias privadas», explicó.
Desde CSI·F se pidió a la Conselleria que promueva planes de formación entre el personal docente para aplicar el decreto del plurilingüismo. Apuntó que los docentes están saturados de trabajo por el aumento de horas lectivas y de ratios en aulas, y denunció que apenas existen planes públicos de formación.
Por su lado, el sindicato ANPE consideró que el decreto de plurilingüismo no cumple con el objetivo que pretende de «formar ciudadanos plurilingües» y «corregir desigualdades sociales y sociolingüísticas».
