Tres dificultades extra para los centros de Educación Especial tras la pandemia

Molla: “El confinamiento ha hecho perder a los alumnos las rutinas que les hacían mantener el cerebro activo”

Inés Arquimbau, Valencia. 29 de junio de 2020. En España hay 476 centros de Educación Especial, 195 públicos y 281 privados, que han tenido que cerrar sus puertas estos últimos meses, según los datos del Ministerio de Educación. Más de 38.000 alumnos han tenido que alejarse de su principal foco de aprendizaje debido al Covid-19. Dentro de la Comunitat Valenciana hay 127 de estos centros, según el Registro del SERVERF, 94 en la provincia de Valencia, 27 en Alicante y seis en Castellón.

La Educación Especial es un sistema educativo que trabaja con alumnos con distintas Necesidades Educativas Especiales (NEE). El Ministerio de Educación define a estos alumnos como “aquellos/as estudiantes que presentan dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que les corresponde por edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir apoyos para progresar en su aprendizaje”. Los tres meses de confinamiento han dejado secuelas en la educación y el desarrollo de este grupo de la sociedad.

La primera dificultad que han sufrido los alumnos de Educación Especial ha tenido lugar durante el encierro. Los asistentes a estos centros se han tenido que adaptar a la situación que les ha apartado de su vida cotidiana. La profesora en el CEE Rosa Llàcer de Valencia, Maica Molla, explica que sus alumnos se han visto afectados en lo que respecta al ámbito social ya que “no han visto a sus iguales, además de que son niños que no salen tanto como los neurotípicos y puede acarrear una falta de autoestima y motivación. Respecto al nivel físico, no han recibido sus terapias como fisioterapia, danza o paseos. Es un alumnado tendiente a ser pasivo, con lo que muchos de ellos pueden incluso coger peso. Por último, a nivel cognitivo han perdido sus rutinas y referentes que les hacían mantener el cerebro activo y no tener una regresión en sus funciones ejecutivas como son memoria, atención o percepción.”, argumenta.

Los niños de la profesora del CEE Penyeta Roja de Castellón, María José Arquimbau, también han tenido que adaptarse a las circunstancias. “Nuestros alumnos son muy visuales, es decir, el trabajo en el confinamiento ha tenido que ser casi todo, a través de videollamadas y audios. En mi caso, mandaba las tareas vía email o Whatsapp y luego nos las devolvían, del mismo modo, terminadas.”, explica Arquimbau. “Durante estos último meses he realizado alrededor de 750 videollamadas con mis 10 alumnos”, afirma. Tras la experiencia, la maestra asegura que “nada puede suplir a la tarea educativa presencial en la Educación Especial”.

Por otra parte, Vicent Esteve, profesor en el CEE La Panderola de Villareal, atestigua que a sus alumnos “no les han llegado a afectar tanto las clases a distancia gracias a la tecnología”. El mayor problema al que han tenido que hacer frente son los “padres no tecnológicos” que se han tenido que adaptar a las nuevas ciencias.

 Medidas para el nuevo curso

Como segunda dificultad para los centros de esta índole nos encontramos con que el Gobierno de España decretó que si se pasaba a la segunda fase de la desescalada, los colegios podrían reabrir sus puertas a principios de mes. Algunos centros de Educación Especial, decidieron que no lo harían debido a la “imposibilidad del cumplimiento” de las medidas de seguridad implantadas por el Ministerio de Sanidad, según la Fundación Garrigou que lucha por la plena inclusión y participación de las personas que presentan capacidades diferentes en la sociedad.

Los colegios tendrán que implantar las medidas generales de seguridad e higiene para poder abrir el próximo curso, aunque muchas de ellas dificultarán el aprendizaje de estos alumnos. Por ejemplo, el uso de mascarillas “disminuye la vocalización y volumen entre los interlocutores.”, según el comunicado emitido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).  En el caso de personas con discapacidad visual, “puede provocar desorientación a la hora de ubicar a los interlocutores”. También “anula parte de la expresión facial e impide que las personas sordas y sordociegas realicen una lectura labial de sus interlocutores”. Además de ser un elemento de difícil uso y manipulación para personas con movilidad reducida. Por último, “puede provocar desconfianza a personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, con hipersensibilidad sensorial o problemas de conducta, al estar oculta parte del rostro de interlocutor”, añaden.

En el centro educativo Rosa Llàcer han marcado recorridos y espacios, han establecido aforos limitados y han adherido hidrogel y desinfectante de superficies en cada espacio del centro. Además, mantendrán la distancia de dos metros y solo serán los profesionales los que usarán la mascarilla. Los alumnos quedarán exentos.

En centro Penyeta Roja también harán uso de estas medidas básicas mencionadas anteriormente, además de implantar vasos desechables para el consumo de agua y contenedores higiénicos con tapa y pedal en todas las instancias del centro, para reducir aun más la propagación del virus.

Debate sobre integridad

A las dos dificultades anteriores, se suma el nuevo Proyecto de Ley de Educación, también llamada ‘Ley Celaá’, que supone otro cambio y adaptación para los colegios de Educación Especial. La Ley pretende, en un plazo de 10 años, que los centros ordinarios puedan dotarse con los recursos necesarios para poder atender, en las mejores condiciones posibles, al alumnado con discapacidad. “El plan es dotar a los colegios ordinarios de mejores condiciones y que a ellos puedan acudir los alumnos cuyas necesidades lo hagan posible”, según fuentes del Ministerio recogidas por el canal RTVE.es. Esta propuesta ha creado un debate entre los centros de este tipo ya que algunos piensan que beneficiará a la inclusión y otros que tendrá represalias en el desarrollo de los niños.

Algunos de los principales problemas que la asociación CERMI ha planteado en un comunicado es que “la equiparación de los alumnos con discapacidad con otros sin discapacidad por su edad cronológica, incrementará la percepción de fracaso, que tantas personas con discapacidad sufren por la diferencia de su rendimiento y las expectativas del contexto”, argumentan. Además este Comité defiende que los recursos son “cuantitativa y cualitativamente diferentes, no garantizan por si mismos una inclusión real y efectiva para los alumnos con discapacidad”. Afirman que la inclusión real se garantiza “dando a las personas con discapacidad intelectual el apoyo personalizado que necesitan, el entorno adecuado, y la estabilidad emocional que necesitan”.

Arquimbau se suma a esta opinión calificándola de “inviable y utópica” además de que atenta contra la libertad de los progenitores a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. En el lado opuesto, se encuentra Esteve que afirma que la proposición de ley “apuesta por la inclusión totalmente, otra cosa es que la sociedad civil esté a la altura.”.La pérdida de contacto con sus iguales, la cambiante tecnología a la que se han tenido que adaptar, las nuevas medidas a las que se van a tener que acostumbrar los alumnos y los proyectos ley que quieren cambiar de nuevo la estructura de la Educación Especial, son solo algunos puntos a los que van a tener –y han tenido- que hacer frente los docentes, directores, padres y familiares de los niños y niñas que forman parte de estos centros docentes.

Imagen: CP Penyenta Roja.

Educacion.press

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