La Generalitat dio ayer luz verde al decreto de la escuela inclusiva, que supone un cambio de paradigma en el sistema de inclusión en los colegios. La norma, que sustituye un decreto de hace 20 años, obligará a escolarizar en centros ordinarios a todos los menores con necesidades educativas especiales (NEE) de carácter leve o moderado. Hasta ahora, el decreto anterior recogía la conveniencia de hacerlo, pero no la obligación. Solo en casos excepcionales y a petición de la familia se escolarizará a estos niños en centros de educación especial.
El nuevo decreto, que se retrasó un año y medio por cuestiones presupuestarias, contará con un presupuesto de 142 millones de euros en cuatro años que permitirá contratar unas 1.500 dotaciones más hasta el curso 2020-2021. La norma sienta las bases y el marco normativo de este cambio de paradigma: “De la escuela inclusiva al sistema inclusiva”, sintetiza el Departamento de Enseñanza.
La normativa afecta a todos los alumnos hasta la etapa postobligatoria y se basa en la atención personalizada a los estudiantes, atendiendo a sus necesidades particulares y adaptando el sistema educativo —desde el proyecto escolar hasta los recursos disponibles en el aula— a sus demandas.
Para ello, la primera medida es, precisamente, escolarizar a todos los niños con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios, que tendrán que prepararse a su vez para atender de forma personalizada las exigencias de estos alumnos. Solo a petición expresa de los padres o en casos de discapacidad severa se escolarizará a los niños en centros de educación especial.
En Cataluña hay unos 25.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. De ellos, 7.000 están en centros de educación especial, 5.000 con discapacidad severa y otros 2.000 susceptibles de ser escolarizados en centros ordinarios. La nueva norma, no obstante, no implica el traspaso de estos 2.000 alumnos concretos, si no la incorporación gradual de los menores cuando entren en el sistema educativo en P3.
La directora general de Educación Infantil y Primaria, Carme Ortoll, explicó ayer que lo “esencial” es detectar de forma precoz las necesidades de los alumnos, que la norma divide en universales, adicionales e intensivas. Así, las ayudas universales son para el 100% de los estudiantes y se basan en la atención personalizada a través del proyecto educativo del centro y del seguimiento tutorial por parte de los docentes. Las medidas de apoyo adicional son para alumnos en situación vulnerable o con circunstancias personales concretas —un 15% de los estudiantes, según Enseñanza— y se trata de programas de apoyo lingüístico y social, aulas de acojida o proyectos de ayuda en audición o lenguaje. Finalmente, las mejdidas de apoyo intensivo están destinadas a un 5% de los estudiantes y son proyectos de larga intensidad y duración, por ejemplo, los programas de nuevas oportunidades o de aulas integrales de apoyo.
“Queremos que todos los alumnos de Cataluña vayan a centros ordinarios y que todos los centros sean inclusivos”, resumió Ortoll. El decreto también abre la puerta a la colaboración entre los colegios ordinarios y los 14 centros de educación especial, que pueden funcionar como proveedores de servicios y recursos, por ejemplo, ofreciendo orientación a los docentes de las escuelas ordinarias.
Respuesta social agridulce
La federación de asociaciones de madres y padres (Fapac) y la Plataforma Ciudadana por una Escuela Inclusiva, celebraron ayer el decreto, pero con matices. “Es un cambio sustancial y positivo”, dijo Àlex Castillo, de Fapac, aunque echó en falta más inversión para formar a los docentes. “Es un paso de gigante”, agregó Noemí Santiveri, de la portavoz de la plataforma ciudadana, aunque reconoció que el trato a la educación postobligatoria “no queda bien definido”.
CC OO y USTEC fueron los más críticos con el decreto. USTEC cree que “no contempla la realidad de los centros” y los recursos destinados son “insuficientes”. CC OO teme que no haya unas ratios adecuadas y lamenta que no se tenga en cuenta a los veladores.
