Denuncian que el Ministerio de Educación los está excluyendo del debate sobre la Ley de reforma de la LOE, LOMLOE
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) y la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (OMAEC) han pedido amparo al Defensor del Pueblo y a la Comisaria Europea de Educación. Concretamente, han enviado una carta «ante la inexplicable exclusión por parte de la ministra de Educación de las familias con hijos en la escuela de iniciativa social en la redacción de la nueva ley de Educación-LOMLOE- que se está tramitando el Congreso de los Diputados, y obviando atender las legítimas demandas de más de tres millones de familias españolas y negándose a favorecer el necesario pacto educativo que dé estabilidad en el tiempo a nuestro sistema, mejore la calidad de los resultados académicos y trate como complementarias a la red pública y la concertada».
Además, la nueva ley se ha hecho sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Hace dos años se aprobó por todos los países integrantes, dentro del plan de educación Actualidad 2015-2020, una directiva llamada “Actualización de la Educación en la Unión Europea”. Esta directiva ha sido ya aplicada en varios países europeos, como Polonia, con notable éxito en su desarrollo. Buscan un acelerado adoctrinamiento en tendencias claramente destructivas y controvertidas de la educación de los alumnos, nuestros hijos
Por lo demás, la nueva ley contiene discriminaciones y desigualdades, excluye a gran parte de la sociedad basándose en planteamientos de claro ideario político, añade un modelo sectario que rompe toda posibilidad de acuerdo y consenso y, por supuesto, sin prever la actual situación que vivimos, que nos obligará, en un plazo muy corto, a tener que modificar y actualizar la forma vigente de impartir la enseñanza. Todo ello también, incluye a los colegios, universidades y centros de educación especial, que además están bajo amenaza de cierre al ir traspasando poco a poco todo el alumnado de dichos centros al sistema ordinario general. Decisión que ha sido tomada no sólo sin contar con los padres, sino además sin los medios y recursos necesarios para la atención personal de dichos alumnos y sus familias.
La nueva normativa que quiere imponer el actual Gobierno propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar afirmado en el art. 18.4 Asamblea General de Naciones Unidas, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 1966. Las consecuencias son imprevisibles en un futuro inmediato. También, a nuestro entender, se vulneran las libertades y derechos fundamentales, afirmados en el art. 27 de la Constitución Española, al igual que el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación real y efectiva entre las familias, que afectan directamente a:
La gratuidad de la enseñanza obligatoria. No se respeta ese principio de igualdad y equidad entre las familias que escogen libremente entre la red de titularidad estatal – totalmente gratuita- o entre la red de iniciativa social -concertada-, donde el Estado solo cubre una parte inapreciable de su financiación.
La libre elección de las familias. Se vulnera la libertad que las asiste para escoger el centro educativo que más se asemeje a sus convicciones religiosas y morales. Además no respeta los acuerdos supranacionales firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, como acuerdos firmados con otros organismos internacionales.
La inversión y los recursos educativos. No se propicia la complementariedad de las dos redes en el uso compartido de los recursos educativos entre los docentes y los centros educativos, sean de la red que sean y siempre en beneficio de los alumnos que, al ser menores, deben de ser más protegidos por su indefensión y vulnerabilidad.
La discriminación de las familias. A las familias que no tienen recursos económicos se les niega el derecho que tienen a poder elegir libremente otra red educativa que no sea la estatal, limitando y anulando sus derechos y libertades fundamentales. La falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales. El traspaso progresivo de este alumnado a la red ordinaria, crearía una verdadera discriminación educativa de dicho colectivo, de los docentes y personal auxiliar que trabaja en su integración y autonomía. Son los centros de educación especial los que están preparados para interactuar con este alumnado. El estrangulamiento económico de los mismos generaría el abandono escolar temprano de este alumnado y de sus familias.
La carta concluye: por todo ello queremos solicitar su amparo y ayuda pues creemos que se vulneran derechos y libertades fundamentales, no solo de las familias, sino también de toda la sociedad en general. Una Ley que, además, favorecerá una verdadera brecha y descalabro en la educación en nuestro país.
La misiva va firmada por el presidente de CONCAPA, José Caballero García, y el presidente de CEAAAEC, José Antonio Cecilia, y va dirigida al adjunto primero y Defensor del Pueblo en funciones, Francisco M. Fernández Marugán.
