Elaborada por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Derechos Sociales y Actualidad 2030
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Derechos Sociales y Actualidad 2030 han elaborado la guía ‘Los Retos de la Infancia en un verano excepcional’. El documento recoge una serie de recomendaciones para adaptar los programas estivales a las nuevas circunstancias sociales y sanitarias provocadas por la situación de pandemia.
Entre las orientaciones en el ámbito educativo están la de reforzar las competencias digitales, el uso de metodologías activas y la de favorecer actividades al aire libre, para compensar el confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-19.
La guía está dirigida a quienes diseñen y pongan en marcha los programas de ocio estival, los cuales son fundamentales para combatir el “olvido veraniego” que afecta especialmente a la infancia y la adolescencia más vulnerable y que agrava la brecha educativa.
Por otro lado, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareció la pasada semana en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado, donde ha tendido la mano a acuerdos en asuntos esenciales para una educación de calidad. Además de la Formación Profesional, el profesorado, la reforma del currículo, la universalización de la educación para los 0-3 años la digitalización y la mejora de las becas son las prioridades del Ministerio para impulsar la excelencia y la equidad.
En la Comisión, y tras recordar las más de 70 medidas puestas en marcha por el Ministerio durante la crisis de la pandemia y detalladas hace dos semanas en la Comisión del Congreso, Celaá ha repasado los “ejes del proceso de modernización que el MEFP está impulsando desde que comenzó esta legislatura y que la emergencia educativa exige acelerar y profundizar, no ralentizar ni paralizar”.
“Si España quiere crecer y erradicar la pobreza, la solución pasa por no recortar en educación. Por invertir en educación, porque la educación es una inversión, no un gasto”, ha señalado Celaá, quien ha reiterado el compromiso de incrementar su financiación hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.
El Ministerio lleva dos años trabajando en la modernización de la FP, que ahora cobra un nuevo impulso para avanzar hacia una formación moderna y europea, que articule la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.
“Enfrentarse a los graves desajustes que presenta España por la falta de profesionales formados y la alta tasa de desempleo supone principalmente lograr cualificar y recualificar a las personas en los llamados ‘niveles intermedios’”, ha recordado Celaá. En 2025, el 49% de los puestos de trabajo requerirá un nivel de cualificación medio. Hoy solo un 24% de la población activa española cuenta con dicho nivel.
Así, el Ministerio se propone mejorar el nivel de cualificación e impulsar y facilitar los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación. A ello se añadirá un procedimiento nuevo para el reconocimiento de las competencias básicas entre la población activa que no las tenga acreditadas por titulación. Y se realizarán ofertas de formación profesional específicas ajustadas a las necesidades de las personas adultas.
La modernización de la FP incluye también la incorporación de nuevas especialidades en el catálogo de titulaciones y el impulso de la orientación profesional. Constituye un verdadero “desafío de Estado” que requiere de la colaboración con empresas, interlocutores sociales y entidades y organismos del tercer sector para lograr conjuntamente que la FP sea uno de los pilares de la reconstrucción social y económica y de la empleabilidad.
Docencia y calidad
La política del profesorado, cuya dedicación y esfuerzo ha sido esencial durante la pandemia, será también “uno de los ejes fundamentales de este Gobierno”, ha asegurado la ministra.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), actualmente en trámite parlamentario, establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A su vez, la mejora de la formación práctica de los futuros profesores será una de las metas de la revisión de los planes de estudio, que ya se ha iniciado.
La ministra se ha comprometido también a seguir trabajando con las Comunidades Autónomas para continuar reduciendo las altas tasas de interinidad, a pesar de que la pandemia ha provocado el aplazamiento de la convocatoria de empleo público. En 2019, la interinidad ya disminuyó del 29,4% al 23,3%, y el MEFP seguirá trabajando para acercarse a finales de la legislatura a la tasa objetivo del 8%.
Otro ámbito prioritario es el de actualizar los aprendizajes en un currículo moderno, por competencias, centrado en los aprendizajes, con el objetivo de disminuir los índices de abandono escolar temprano. El propósito es promover una educación integradora en todas las etapas, con un currículo menos memorístico y enciclopédico que garantice los aprendizajes fundamentales.
El impulso de la universalización progresiva de la educación de 0 a 3 años es otra prioridad. En esta etapa, esencial porque sienta una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida, están escolarizados actualmente tan solo el 39,6% de los niños y niñas. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se presentará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil, dando prioridad al alumnado en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social.
