La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, anunciaba la semana pasada, en la Conferencia Sectorial de Educación que el periodo de implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad se va a ampliar un año más, hasta el curso 2027-2028, “para garantizar un paso al nuevo modelo con unas mayores garantías, con mayor seguridad y con más tiempo”.
En su intervención, Alegría manifestó el compromiso de que los estudiantes y sus familias conozcan el detalle del nuevo modelo al comienzo del próximo curso para darles tranquilidad.
La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por el Ministerio y las comunidades autónomas en la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica, que incorpora cambios a la propuesta inicial del pasado mes de julio. Además de esta ampliación en el periodo de implantación, se ha redefinido el formato de la prueba para los años de transición, manteniéndose el sistema de ejercicios asociados a materia, que irán progresivamente adoptando un formato competencial.
Por otro lado, se mantiene el objetivo de centrar la prueba en dos ejercicios (uno general para valorar las competencias clave alcanzadas al finalizar el Bachillerato y otro específico de la modalidad cursada) y se modifica el peso de cada uno de ellos en la calificación final (60% y 40%, respectivamente).
Por último, se ha optado por no cerrar en esta primera fase cuestiones como el número de preguntas de cada ejercicio, número de textos o tiempos para la realización de cada prueba a la espera de que se lleven a cabo las pruebas piloto en el primer semestre de 2023.
“Los cambios incorporados son fruto de una voluntad permanente de escucha y de talante negociador, y persiguen el máximo consenso y los mayores niveles de seguridad y confianza tanto para el alumnado como para el profesorado”, señalaba Pilar Alegría en su intervención.
La ministra destacaba el “amplio proceso de participación y diálogo” en el diseño de esta prueba, con numerosas reuniones en las que han participado tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Universidades, la CRUE, expertos en evaluación y en las distintas materias.
“El criterio principal ha sido y sigue siendo contar con la participación de todos, hacer el máximo esfuerzo para llegar a propuestas del mayor consenso posible y respetar las competencias y la autonomía propias de todas las partes interesadas”, añadía.
