La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no quiere actuar contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez, por su docena de plagios y responsabiliza al Ministerio de Educación de la inactividad política. Lo hace en una carta a un profesor, Luis Carretié, a la que ha tenido acceso este periódico. Los plagiados han reprochado a las instituciones públicas que no reaccionen ante este caso.
La misiva de Cifuentes, fechada el pasado miércoles, contesta a una de Carretié, docente de la Autónoma de Madrid, en la que trasladó el sentir de 680 personas de la comunidad universitaria de toda España contrarias al robo académico del rector. La presidenta regional alude a la Constitución y a la Ley de Universidades que «recoge la autonomía universitaria como un pilar fundamental de su gestión». Y responsabiliza al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: «Como ya sabe, es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte —a través de la ANECA(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)— quien ostenta la competencia para investigar la revisión de los sexenios y del trabajo de acreditación a la que alude en su escrito».
Este periódico ha intentado sin éxito desde diciembre conocer la opinión de la ANECA sobre el plagio. Un portavoz del ministerio ha afirmado este viernes que se «va a esperar a que haya una resolución, bien de las comisiones de investigación que se abran o bien judicial, para instar a la ANECA a que proceda a una revisión de los sexenios. La ANECA solo puede actuar si hay pruebas fehacientes de que se ha producido un plagio, y esas pruebas las determinan uno de los dos casos anteriormente citados». El 20 de noviembre de 2016 Suárez anunció una comisión interna que iba a investigar sus plagios —que él describe como «disfunciones»— pero esta no ha echado a andar y los plagiados no se fían pues la preside alguien puesto por el rector. Y a finales de enero Miguel Ángel Aparicio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, presentará con el respaldo de su campus una demanda, pero no cree que haya sentencia definitiva hasta dentro de dos o tres años.
Probar la existencia de lucro con las publicaciones es complicado y por ese motivo Aparicio, con el documento adjunto de otros cuatro plagiados, va a presentar una demanda por la vía civil —que castiga el daño moral— y no por la penal, que sanciona el rendimiento económico de la copia.
