Se mantiene la denuncia de un catedrático con el apoyo económico de la Universidad de Barcelona
Cuatro de los cincos plagiados por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, que habían anunciado acciones legales contra él descartan ahora hacerlo por las altas costas del juicio. Se mantiene, sin embargo, la demanda por la vía civil de Miguel Ángel Aparicio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona (UB), que cuenta con el apoyo jurídico y económico de su campus. «El rector ha fusilado casi el libro entero en dos publicaciones», cuenta Aparicio.
Los plagiados calculan que el juicio les costaría más de 8.000 euros por profesor. Tan solo por el peritaje del plagio del texto de Aparicio se han abonado 2.500 euros. La demanda se presentará a final de mes.»En definitiva no es un problema personal sino general de la Universidad», subraya el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela Carlos Barros, uno de los cinco plagiados -en total son una veintena- que se han movilizado. Los otros son Ignacio Fernández Sarasola, de la Universidad de Oviedo, Emilio La Parra López, de la de Alicante y el catedrático de instituto Luis Barbastro.
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La idea es que un documento de los otros afectados se incorpore a la causa «y vamos a ver la forma también de que aparezcan los 400 profesores e investigadores que nos han mostrado su apoyo firmando nuestro manifiesto», prosigue Barros. También aspiran que el caso del rector sirva para que se tomen medidas en otras copias literales.
El 24 de septiembre Aparicio supo del primer plagio y explica que desde esa fecha empieza a descontar el reloj para demostrar en cinco años que le ha plagiado páginas y páginas. Calcula que no habrá sentencia firme «hasta dentro de dos o tres años». El exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona solo va a pedir un euro simbólico por los daños morales causados: «Quiero un euro en reconocimiento a que se ha vulnerado la protección del derecho de creación y producción científica y literaria. La propiedad intelectual, muy centrada en la industria, es subordinada de este derecho». Y remarca que no se puede «romper de arriba abajo los derechos fundamentales y que no pase nada». Más en el caso de un rector que es «una autoridad académica decisiva con trascendencia pública».
Lo que el catedrático Aparicio busca es «un pronunciamiento de un juez que diga que este señor es un plagiario». Por eso cree que este castigo público resarciría también a los profesores que abandonan ahora la lucha en los tribunales.
El castigo dentro del ámbito universitario es muy complicado porque el régimen disciplinario de los funcionarios, de 1986, contempla que las faltas leves caduquen en un mes y las muy graves en seis años. El Código Civil, la vía que va a tomar Aparicio, sanciona con penas económicas por daños morales. Mientras que el penal, afirma que «será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de 12 a 24 meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico […] y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie». En el caso penal es difícil probar el lucro, aunque Suárez tiene un complemento salarial por producción investigadora que ha logrado con una docena de obras plagiadas.
