Como asociación, queremos mostrar con este comunicado nuestro total RECHAZO, la enmienda transaccional 27 a la Ley Celaá aprobada este jueves pasado por la que se elimina el examen o prueba de oposición para el acceso a este cuerpo de funcionarios y se sustituye por una valoración de la capacidad y liderazgo para la función inspectora.
Nosotros los inspectores de educación somos un cuerpo de ámbito nacional y accedemos a un cuerpo docente por la realización de una PRUEBA OPOSICIÓN donde manifestamos, no solo nuestra capacidad profesional y nuestros méritos en nuestra trayectoria como docentes, sino que además es una prueba basada en los principios de TRANSPARENCIA (libre concurrencia y publicidad, capacidad y méritos) que garantizan una independencia profesional de los poderes políticos que ocupen los estamentos administrativos del Ministerio de educación o de las consejerías de las CCAA. A la inspección de educación no se accede por una simple entrevista donde se valores la idoneidad política del candidato, ni se accede por una designación digital “a dedo” mediante una charla para medir la afinidad institucional a los políticos de turno. Una democracia moderna y sana requiere de la INDEPENDENCIA de los cuerpos de funcionarios de la administración del estado o de las CCAA que ejercen el control o la supervisión, para no estar sujetos al poder político.
Solicitamos al Ministerio de Educación y FP que no eche por el suelo la dignidad de un CUERPO DOCENTE de larga tradición educativa y respeto institucional a la administración, solamente por la complacencia a unos grupos parlamentarios socios de viaje político que quieren un peaje para aprobar unos presupuestos. La imparcialidad y el buen hacer de un cuerpo docente no se vende por unos votos.
